La formación del pasivo o delimitación de la masa pasiva del concurso de acreedores exige la realización de una serie de actividades, más o menos complejas, conducentes a la verificación de aquellos créditos que tienen y tendrán derecho a participar en el procedimiento. Actividad que requiere al menos a priori la participación de todo potencial interesado, a saber, quien ostente la titularidad patrimonial de una pretensión, si bien su crédito puede verse reconocido de un modo automático. También la actitud del concursado es fundamental en este aspecto, que no por ello determinante, dado que el peso recaerá sobre todo en la labor de la administración concursal, labor que ya adelantamos desde este momento debería quizás lograr una mayor dosis de delegación de facultades al menos en todo lo concerniente a la verificación de créditos de cara a evitar las insondables rémoras en que se están convirtiendo las impugnaciones a la lista de acreedores y a la ingente, desbordante y desordenada entablación de incidentes que estás ahogando la vitalidad y dinamicidad del proceso.

Las Administraciones públicas, el Estado en todas sus vertientes, público-administrativas, pero también política, aseguran bienes, patrimonio, actividades e indudablemente, sus responsabilidades civiles. El seguro es hoy, inescindible, a la actividad de la Administraciones. Una actividad presente en múltiples ámbitos y actos de la vida de los administrados, pero también en la prestación de servicios, contratos de obra, gestión, suministro, concesión, etc. La Administración, como ente dotado de personificación en cualquiera de sus etiologías estructurales y corporativas, responde ante los daños que pueda ocasionar a terceros como consecuencia de su actuación, de sus prestaciones, de la ejecución de los contratos administrativos. Y lo hace objetivamente. Responde de sus actividades riesgosas, del hacer, del actuar de sus funcionarios, de la normalidad o anormalidad en su funcionamiento. Y tanto el sector privado como el público no son ajenos a un ingente e inconcluso crecimiento y expansión del aseguramiento de la responsabilidad civil, al contrario. Lo que no obsta para ignorar las dificultades que la evaluación de ciertos riesgos, sus frecuencias, intensidades, variabilidades o la ausencia misma de técnicas de gerencia de riesgos en algunos órganos o entes de la Administración hicieran, cuando menos en las primeras pólizas que se suscribieron, que en no pocas ocasiones el seguro se asimilare, en cierto modo, a una suerte de apuesta. Mas la eficacia de la gestión de los riesgos es exigible de igual modo a los entes públicos.